Por Raimundo Reyes
En diciembre de 1903, los hermanos Wright despegaron por primera vez en Kitty Hawk, Carolina del Norte. Ese mismo año, Chile promulgó su Código de Procedimiento Civil. Ambos hitos comparten fecha. Solo uno de ellos ha evolucionado.
Más de 120 años después, seguimos litigando bajo una arquitectura esencialmente escriturada, mediata y formalista, donde el juez que dicta sentencia jamás ha visto a las partes ni presenciado la rendición de la prueba.
Pero hay que ser justos: Chile no ha estado completamente inmóvil. La Ley N° 20.886 de 2015 nos convirtió en uno de los pocos países de la región con tramitación completamente digitalizada. La pandemia forzó además la institucionalización de las audiencias remotas, aunque en la práctica algunos tribunales las siguen mirando con recelo. Avances reales, pero insuficientes. Se institucionalizó el remedio; no se atacó la enfermedad.
Durante el año 2024, el promedio en dictar sentencia de un juicio ordinario alcanzó los 808 días a nivel nacional, y 981 días en Santiago, aproximadamente tres años de tramitación. Eso sin considerar una eventual segunda instancia, que en el caso de la Corte Apelaciones de Santiago puede extenderse por dos años más.
Durante ese periodo muchos ciudadanos desisten, no por falta de razón, sino porque el sistema es caro y los agota.
El atochamiento actual puede ser también una oportunidad. Al menos tres propuestas merecen estar sobre la mesa:
- Oralidad e inmediación: que el juez que decide se vea en la necesidad de conocer el conflicto, escuchar a las partes y participar de la rendición de la prueba. Es el cambio más profundo y el más urgente.
- Fortalecer la etapa de conciliación: La experiencia demuestra -sobre todo en materia laboral- que cuando el juez propone bases concretas y fundadas de conciliación las partes suelen preferir salidas alternativas al conflicto antes que la tramitación de un juicio.
- Tribunales especializados para causas ejecutivas: cobranzas, embargos y juicios hipotecarios no requieren la misma infraestructura que un juicio ordinario. Separarlos descomprimiría el sistema de forma inmediata.
Desde el año 2004 distintos actores trabajan en proyectos y soluciones que no pueden seguir esperando. No faltan ideas, ni propuestas sino voluntad política para lograrlo. La sensación que un sistema de justicia ineficiente genera no es solo descontento e ineficiencia, sino también de injusticia.
Los hermanos Wright tardaron años en volar. Chile lleva más de dos décadas intentando reformar su justicia civil.
Creo que ya es hora de despegar.